Sábado, 15 de diciembre de 2018

DICIEMBRE de 2018
Volumen XXXV 
N° 368
ISSN 1852-317X

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septiembre 2018

La castración ilegal también es maltrato.

Tras presentar una denuncia penal contra la Directora de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio de Ituzaingó, Sra. Virginia Del Oro, por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y usurpación de título, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires continúa trabajando con firmeza en pos de erradicar las castraciones ilegales y el intrusismo en el territorio bonaerense.

La esterilización quirúrgica o castración es, por normativa, el método más difundido y de rápida resolución para el control del crecimiento poblacional de caninos y felinos. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires señala que se debe cumplir efectivamente la normativa, teniendo en cuenta que de no desarrollarse en las condiciones estipuladas por ley, se incurre no sólo a una falta legal si no que se perjudica la salud y bienestar del animal, y se compromete la salud del total de la población.
Las autoridades no pueden ni deben ignorar esta situación; y con este objetivo, el Colegio gestiona continuamente reuniones con representantes municipales y provinciales. En esta línea, y con el lamentable antecedente de la localidad de Merlo en donde por medio de una campaña realizada por Mascotas Argentinas se realizaron castraciones en una iglesia; y en Chascomús donde en marzo se realizó una Campaña de Castración en la Escuela de Educación Técnica N° 1, el Colegio determinó notificar a los intendentes de aquellos municipios en donde no se esté cumpliendo la normativa vigente, para que intervenga en la actividad.
También, realizó actas de comprobación e imputación a través de los inspectores del Ministerio de Agroindustria de Provincia en domicilios particulares, sociedades de fomento, jardines de infantes y clubes de barrio; en todos los casos organizados por grupos de personas que se autodenominan proteccionistas, violando todas las reglas del bienestar y maltrato animal, hecho que las verdaderas entidades proteccionistas tratan de combatir.
Vale destacar que la problemática no radica en la realización de las castraciones masivas, sino en el desarrollo de eventos que incumplen la normativa vigente, que al ser una acción que compromete la salud publica requiere indefectiblemente ser organizadas y supervisadas por la autoridad sanitaria local. El decreto ley provincial 9686/81 establece que todo tipo de cirugías en animales deben ser realizadas por profesionales veterinarios y su infracción es una clara violación al artículo 247 del Código penal. Además, la ley provincial 13.979 fija que las castraciones quirúrgicas masivas serán realizadas en los centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales.
A su vez, el decreto Nacional 1088/2011, por el que se crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, en su art. 4 establece que “las campañas de esterilización para llevarse a cabo requerirán la colaboración y el compromiso de los Gobiernos Provinciales, los Municipios, las Facultades de Ciencias Veterinarias, los Colegios Profesionales e Institutos y/u ONGs especializados de todo el país”.
El Colegio de veterinarios Bonaerense no está en contra de las castraciones masivas, sino que brega por alcanzar una solución que regularice la realización de estas prácticas. Actualmente la profesión veterinaria se encuentra cuestionada en diferentes ámbitos por su rol frente a situaciones específicas, sin tener en cuenta que aquello que se solicita o pregona, muchas veces, van en desmedro del Bienestar Animal y la Salud Pública.
Finalmente resaltan que la castración temprana, masiva y gratuita, es uno de los métodos del control poblacional de perros y gatos, y debe necesariamente acompañarse de campañas de concientización y divulgación de tenencia responsable tal como el Colegio profesional lo viene realizando. Asimismo, vale destacar que este conflicto social requiere de la activa participación de las autoridades sanitarias locales, quienes deben acompañar el proceso, hacer cumplir la normativa vigente y, así salvaguardar la salud pública y el bienestar animal.

La profesión veterinaria, en su conjunto, es uno de los referentes necesarios a la solución del conflicto, para lo cual se realizan constantemente aportes a la autoridad sanitaria para su consideración.